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SOLIDARIZACION CON LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NUESTRA AMAZONIA CUZQUEÑA Y NACIONAL
SOLIDARIZACION CON LAS DEMANDAS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE NUESTRA AMAZONIA CUZQUEÑA Y NACIONAL
A la opinión pública en general ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la forma en que el presidente de la República, el Consejo de Ministros y el Congreso de la República están respondiendo a las demandas de los pueblos indígenas de nuestra amazonia peruana y la posición del presidente regional del Cuzco ante el levantamiento del Pueblo Machiguenka en el Bajo Urubamba.
Saludamos la posición de la Defensoría del Pueblo y la decisión de la comisión especializada del congreso encargada de analizar los Decretos Supremos que han resuelto su derogatoria.
De otro lado, nos preocupa también como la prensa nacional esta mal informando a la opinión pública respecto a las interpretaciones de los Decreto Supremos que han sido considerados por los pueblos indígenas atentatorios a sus derechos y lesivos a nuestra Amazonía.
Repudiamos que sin sustento alguno, algunos medios de comunicación están mal informando para confundir a la población y sostener que los decretos no tienen nada de inconstitucionales ni viola el derecho de los pueblos indígenas.
Al respecto apoyamos y nos sumamos a la opinión de expertos y lo multiples pronunciamientos de que los decretos supremos promulgados por el poder ejecutivo son inconstitucionales, violan el derecho nacional, carecen de justicia social y son ambientalmente insostenibles.
Para aclarar a la población en general, lo que viene son los puntos críticos de los decretos supremos por lo que se consideran son atentatorios:
1. El Decretos Legislativos 1090, modificado por el 29317, permite el cambio de uso de tierras forestales a agrícolas con autorización del Ministerio del Ambiente. Con esto, por ejemplo se permitiría deforestarlas para luego transformarlas en suelos de cultivo de bio-combustibles, ganadería de gran escala, ser compradas por empresas petroleras y mineras para sus operaciones. Todas esas prácticas son depredadoras, para muestra son los casos de Bolivia y Brasil.
2. El Decreto Legislativo 1020 crea las Entidades Asociativas Agrarias que podrían, por ejemplo, descomponer maliciosamente la propiedad comunal al establecer que las empresas privadas para asociarse con la comunidad no necesariamente tienen que asociarse con toda la comunidad sino suficiente con unos cuantos miembros o comuneros. Así acceder a los territorios comunales para hacer posible la extensión del punto anterior en territorios comunales.
3. El Decreto Legislativo 1064 elimina el requisito del compromiso del “acuerdo previo” entre comunidades y empresas de actividades extractivas. Esto quiere decir que las empresas ahora no necesitan llegar a acuerdos con las comunidades antes de entrar a los territorios comunales para realizar sus operaciones de explotación. Además este decreto caracteriza a las tierras inundables como eriazas poniendo en riesgo los derechos de los pueblos indígenas sobre estas áreas y de perderlas.
4. El Decreto Legislativo 1089 entrega la potestad a COFROPI (sin conocimiento ni experiencia en titulación de tierras rurales en la Amazonia) para que durante 4 años resuelva la titulación de la Amazonía sin que se garantice que este proceso no vulnere la propiedad de las comunidades nativas.
Todos estos decretos, el gobierno del señor Alan García ha promulgando sin siquiera preguntar a las organizaciones indígenas ni mucho menos a las comunidades violando así el principio de la democracia, revelando una vez más su actuación en beneficio de los más poderosos del país en desmedro de los más pobres. Los actos de corrupción del gobierno aprista del cual todos somos testigos son una muestra más.
Queremos recordarles que desde hace 15 años el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo esta vigente en el Perú, por lo que se exige a los gobiernos de consultar a las pueblos indígenas sobre sus decisiones cuando estas les afecte y así garantizar los procesos participativos y de consulta en pro de la democracia. Proceso que este gobierno no cumple, por lo que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo a manifestado en el mes de febrero de este año la necesidad urgente de que el gobierno peruano inmediatamente subsane sus errores, a lo cual nos sumamos y exigimos al gobierno que lo haga.
Queremos manifestar también que estos hechos son un plan del gobierno actual que desde que asumió el poder empezó con desactivar el INDEPA, instituto de rango ministerial que representaba a todos pueblos indígenas, y lo convirtió en una secretaría del Ministerio de la Mujer, y así continuar libremente con su plan esquizofrénico de privatización de la Amazonia peruana para beneficio de unos cuantos.
Los pueblos indígenas se levantan en protesta porque afectar el bosque y sus territorios es significado de atentar con sus propias vidas.
Nuestros hermanos amazónicos se ven acorralados por estos decretos y sin posibles salidas. Por eso, desde agosto del año 2008 han estado esperando respuesta a sus demandas y han sido burlados, por lo que no han podido evitar el levantarse en lucha.
Llamamos a la comunidad cuzqueña, federaciones, colegios profesionales a apoyarlos moralmente dando sus pareceres de manera individual o colectiva.
Con este comunicado queremos hacer sentir que nuestros pueblos milenarios de nuestra Amazonia no están solos y demostrarle al gobierno central y regional que no estamos dispuestos a aceptar una política que beneficie solo a algunas personas y no al pueblo peruano entero.
Demandamos a nuestra primera casa de estudios la Universidad Nacional San Antonio Abad a tomar el protagonismo de siempre para defender nuestra Amazonia, a nuestros pueblos indígenas milenarios y los derechos humanos avalados en los sagrados derechos que nuestro pueblo le atribuye.
“El derecho de unos no es derecho si atenta contra el derecho de los otros”
Firmantes: Personas, autoridades, instituciones, organizaciones, etc.
Alex Álvarez,
Firmar y re-enviar a sus contactos para circular este pronunciamiento, es lo mínimo que podemos hacer para apoyar a nuestros pueblos de la Amazonia en su lucha por resguardar nuestros bosques y su cultura. Gracias!!!
A la opinión pública en general ponemos de manifiesto nuestra preocupación por la forma en que el presidente de la República, el Consejo de Ministros y el Congreso de la República están respondiendo a las demandas de los pueblos indígenas de nuestra amazonia peruana y la posición del presidente regional del Cuzco ante el levantamiento del Pueblo Machiguenka en el Bajo Urubamba.
Saludamos la posición de la Defensoría del Pueblo y la decisión de la comisión especializada del congreso encargada de analizar los Decretos Supremos que han resuelto su derogatoria.
De otro lado, nos preocupa también como la prensa nacional esta mal informando a la opinión pública respecto a las interpretaciones de los Decreto Supremos que han sido considerados por los pueblos indígenas atentatorios a sus derechos y lesivos a nuestra Amazonía.
Repudiamos que sin sustento alguno, algunos medios de comunicación están mal informando para confundir a la población y sostener que los decretos no tienen nada de inconstitucionales ni viola el derecho de los pueblos indígenas.
Al respecto apoyamos y nos sumamos a la opinión de expertos y lo multiples pronunciamientos de que los decretos supremos promulgados por el poder ejecutivo son inconstitucionales, violan el derecho nacional, carecen de justicia social y son ambientalmente insostenibles.
Para aclarar a la población en general, lo que viene son los puntos críticos de los decretos supremos por lo que se consideran son atentatorios:
1. El Decretos Legislativos 1090, modificado por el 29317, permite el cambio de uso de tierras forestales a agrícolas con autorización del Ministerio del Ambiente. Con esto, por ejemplo se permitiría deforestarlas para luego transformarlas en suelos de cultivo de bio-combustibles, ganadería de gran escala, ser compradas por empresas petroleras y mineras para sus operaciones. Todas esas prácticas son depredadoras, para muestra son los casos de Bolivia y Brasil.
2. El Decreto Legislativo 1020 crea las Entidades Asociativas Agrarias que podrían, por ejemplo, descomponer maliciosamente la propiedad comunal al establecer que las empresas privadas para asociarse con la comunidad no necesariamente tienen que asociarse con toda la comunidad sino suficiente con unos cuantos miembros o comuneros. Así acceder a los territorios comunales para hacer posible la extensión del punto anterior en territorios comunales.
3. El Decreto Legislativo 1064 elimina el requisito del compromiso del “acuerdo previo” entre comunidades y empresas de actividades extractivas. Esto quiere decir que las empresas ahora no necesitan llegar a acuerdos con las comunidades antes de entrar a los territorios comunales para realizar sus operaciones de explotación. Además este decreto caracteriza a las tierras inundables como eriazas poniendo en riesgo los derechos de los pueblos indígenas sobre estas áreas y de perderlas.
4. El Decreto Legislativo 1089 entrega la potestad a COFROPI (sin conocimiento ni experiencia en titulación de tierras rurales en la Amazonia) para que durante 4 años resuelva la titulación de la Amazonía sin que se garantice que este proceso no vulnere la propiedad de las comunidades nativas.
Todos estos decretos, el gobierno del señor Alan García ha promulgando sin siquiera preguntar a las organizaciones indígenas ni mucho menos a las comunidades violando así el principio de la democracia, revelando una vez más su actuación en beneficio de los más poderosos del país en desmedro de los más pobres. Los actos de corrupción del gobierno aprista del cual todos somos testigos son una muestra más.
Queremos recordarles que desde hace 15 años el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo esta vigente en el Perú, por lo que se exige a los gobiernos de consultar a las pueblos indígenas sobre sus decisiones cuando estas les afecte y así garantizar los procesos participativos y de consulta en pro de la democracia. Proceso que este gobierno no cumple, por lo que la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo a manifestado en el mes de febrero de este año la necesidad urgente de que el gobierno peruano inmediatamente subsane sus errores, a lo cual nos sumamos y exigimos al gobierno que lo haga.
Queremos manifestar también que estos hechos son un plan del gobierno actual que desde que asumió el poder empezó con desactivar el INDEPA, instituto de rango ministerial que representaba a todos pueblos indígenas, y lo convirtió en una secretaría del Ministerio de la Mujer, y así continuar libremente con su plan esquizofrénico de privatización de la Amazonia peruana para beneficio de unos cuantos.
Los pueblos indígenas se levantan en protesta porque afectar el bosque y sus territorios es significado de atentar con sus propias vidas.
Nuestros hermanos amazónicos se ven acorralados por estos decretos y sin posibles salidas. Por eso, desde agosto del año 2008 han estado esperando respuesta a sus demandas y han sido burlados, por lo que no han podido evitar el levantarse en lucha.
Llamamos a la comunidad cuzqueña, federaciones, colegios profesionales a apoyarlos moralmente dando sus pareceres de manera individual o colectiva.
Con este comunicado queremos hacer sentir que nuestros pueblos milenarios de nuestra Amazonia no están solos y demostrarle al gobierno central y regional que no estamos dispuestos a aceptar una política que beneficie solo a algunas personas y no al pueblo peruano entero.
Demandamos a nuestra primera casa de estudios la Universidad Nacional San Antonio Abad a tomar el protagonismo de siempre para defender nuestra Amazonia, a nuestros pueblos indígenas milenarios y los derechos humanos avalados en los sagrados derechos que nuestro pueblo le atribuye.
“El derecho de unos no es derecho si atenta contra el derecho de los otros”
Firmantes: Personas, autoridades, instituciones, organizaciones, etc.
Alex Álvarez,
Firmar y re-enviar a sus contactos para circular este pronunciamiento, es lo mínimo que podemos hacer para apoyar a nuestros pueblos de la Amazonia en su lucha por resguardar nuestros bosques y su cultura. Gracias!!!
Comentario
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Comentario de Arturo lira zamora el mayo 30, 2009 a las 12:14pm -
1. La criminal negligencia de Chevron Texaco
Durante sus años de operación en la Amazonia ecuatoriana, la Chevron Texaco explotaba la riqueza petrolera del país con técnicas muy contaminantes, que usaban diferentes tipos de “fosas de tierra” o “piscinas de deshechos” para deshacerse de los contaminantes químicos y residuos petroleros resultantes de las exploraciones y explotaciones.
En este sistema sumamente contaminante, que hace décadas no se usa en Estados Unidos, se vierten los desechos tóxicos de las plataformas de extracción en simples fosas excavadas cerca de la plataforma en el suelo. Según el tamaño de la piscina, el gradiente del agua subterráneo, la permeabilidad del suelo y otras variables, los tóxicos contaminan todo el ecosistema circundante, inclusive entrando por los flujos subacuaticos a los ríos cercanos, que, a su vez, alimentan el Amazonas. Con este sistema la Chevron Texaco se ahorró los gastos de instalar y operar una adecuada Planta de Disposición Final, capaz de tratar los residuos toxicos de manera ecológica. Los ahorros para la empresa, según los cálculos de los querellantes, ascienden a alrededor de 4 mil millones de dólares,
Un estudio de la empresa ecológica estadounidense, Global Environmental Operations, Inc., calificó los diferentes tipos de piscinas usados por la Chevron Texaco en Ecuador, de la siguiente manera.
1. Piscinas de perforación abierta, con varios metros de profundidad que pueden contener petróleo libre, sulfato de bario, fluidos de perforación y residuos de petróleo.
2. Piscinas de producción y de desechos de petróleo abiertas, que pueden contener entre 5% y 40% de aceites libres, desechos de petróleo y otros fluidos y que pueden haber estado en fuego en una o más ocasiones.
3. Piscinas de perforación cubiertas por vegetación con una cubierta de 15 a 30 cm. de grosor, flotando sobre una capa de agua y aceites.
4. Piscinas cerradas mediante el movimiento de suelo que, como resultado, contiene una mezcla de sales, lodo, fluidos de perforación, aceites y tierra.
2. La catástrofe ambiental y sus costos de remediación
Los daños ambientales generadas por estas “malas prácticas operativas” de la transnacional en la región amazónica fueron cuantificados por la abogada ambientalista Judith Kimerling en 1991, en el libro Amazon Crude (Petróleo amazónico), de la siguiente manera: 1. la deforestación de por lo menos un millón de hectáreas en los bosques pluviales del Ecuador, 2. el derramamiento de alrededor de 17 millones de galones de petróleo crudo; 3. la quema de 235 mil millones de pies cúbicos de gas natural de deshecho y, 4. el “vertido intencional” de 19 mil millones de galones de residuo tóxico sin tratamiento, en el ambiente.
Bajo la presión del gobierno ecuatoriano, el consorcio Chevron-Petroecuador accedió en 1992 a realizar una evaluación ambiental de sus operaciones entre 1973 y 1990. La auditoria, realizada por una empresa canadiense escogida por la transnacional, confirmó 93 vertidos en los pozos y 10 en las estaciones para el lapso de tiempo analizado. De 18 muestras de agua, 12 (67 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para cloruros; 16 (89 %) sobrepasaron la calidad de vertido para sulfuros, y todos (100 %) sobrepasaron los criterios de calidad de vertido para sólidos suspendidos. La conclusión del estudio fue que las operaciones en los campos petroleros potencialmente “no cumplían con las leyes y reglamentos ecuatorianos”.
La dimensión del desastre causado por la transnacional se refleja en el estudio preliminar “conservador” de la Global Environmental Operations, Inc., sobre los costos de limpieza de la catástrofe ecológica: 1. La remediación de las 554 piscinas de lodo, 455 millones de dólares; 2. la remediación de las 73 charcas en las estaciones de separación, $US 183 millones; 3. la remediación de aguas subterráneas a un total de 627 piscinas, $US 190 millones; 4. Sedimentos de los ríos, $US 1.32 mil millones; 5. Humedales, $US 1.8 mil millones; 5. Limpieza de alrededor de 11.95 millones de metros cúbicos de agua contaminada, $US 2.026 mil millones; 6. Infraestructura adicional, $US 140 millones. Costo estimado total: $US 6.114 mil millones.
3. La catástrofe humana
Dos estudios de salud pública, uno realizado bajo los auspicios de una de las instituciones de posgrado más importantes de Europa, la London School of Hygiene and Tropical Medicine (“Informe Yana Curi”), y el otro por la Escuela de Salud Pública de la prestigiada Universidad de Harvard, encontraron que los carcinógenos vertidos en las operaciones de la Chevron Texaco desde mediados de los años setenta en el oriente ecuatoriano podrían tener consecuencias devastadores para la población de esta zona de 100 000 km2 de bosque húmedo tropical.
El estudio realizado por investigadores asociados a la Universidad de Harvard en abril de 1993, demostró que los vertidos de agua producidos por la Texaco contenían muy altos niveles de compuestos orgánicos volátiles, así como hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y carcinogénicos. En los Estados Unidos un cáncer en exceso por un millón de habitantes es típicamente considerado como el límite aceptable por exposiciones ambientales. Este estudio concluye que en las regiones muestreadas existe un límite de riesgo entre 12 y 1.000 veces mayor.
Pruebas clínicas en personas que sufren de afecciones cutáneas patológicas encontraron que existía una relación causal firme entre la exposición relacionada al petróleo con la salud adversa. Así mismo, muchos de los defectos de nacimiento, los cánceres, las enfermedades respiratorias y los abortos espontáneos que han sido reportados en la región, pueden ser resultantes de los contaminantes tóxicos vertidos por Texaco.
El “Informe Yana Curi”, a su vez, establece que en un estudio realizado en la población de San Carlos, la cual contiene más de 30 pozos petroleros construidos por Texaco, los índices de cáncer detectados superaban los índices normales respectivos hasta por 30 veces. Sobre las mujeres de comunidades cercanas a los pozos y estaciones de petróleo afirma que “presentaron un riesgo de abortos espontáneos 2.5 veces más alto, es decir, un 150 % más, que las mujeres que viven en comunidades no contaminadas”.
4. La demanda jurídica contra Texaco
Un encuentro casual entre científicos ecuatorianos y abogados estadounidenses en el área de Nueva York, a inicios de los años noventa, dio motivó para que en 1993 dos despachos de abogados estadounidenses iniciaran una demanda judicial contra Texaco en una Corte Federal de Nueva York, por daños ambientales y daños a personas. Nueve años después, el 16 de agosto del 2002, el juez instructor del caso resolvió que era más conveniente decidir el caso ante una corte ecuatoriana, bajo el argumento de que las pruebas estaban en ese país.
Un año después se inició el caso en la Corte Superior de Nueva Loja, Ecuador, donde avanza lentamente ante el enorme poder legal, mediático y económico que despliega la transnacional. Durante la fase de inspecciones judiciales, Texaco usó su amplia experiencia en este tipo de conflictos, para evitar que las pruebas científicas de campo indicasen con claridad su responsabilidad causal en el desastre: tratando de imponer sus protocolos técnicos a los abogados de las victimas; protocolos que están estructurados para derrotar a las víctimas, tergiversando la representatividad de los muestreos, usando la trampa de los promedios y aceptando sólo pruebas de terreno a no más de un metro de fondo, cuando la mayoría de la contaminación se encuentra a mayor profundidad.
Al igual que en el caso de la industria tabacalera, que durante décadas ocultó investigaciones científicas internas que habían demostrado que el fumar causa cáncer, la Texaco ocultó datos respectivos sobre su criminal política antiecológica en el Ecuador. Por ejemplo, un documento interno de la corporación de 1996, demuestra que la transnacional sabía, que los niveles del cancerígeno cadmio eran 19 veces superiores a los permitidos por las leyes ecuatorianas, al igual que los cancerígenos plomo, níquel y fenol que fueron encontrados al menos en niveles tres veces superiores a las normas ecuatorianas.
Otros ardides usados por la transnacional son la “inundación” de la corte ecuatoriana con Informes Judiciales de miles de páginas que son irrelevantes para el caso; de ignorar deliberadamente los estándares ecológicos ecuatorianos, utilizando estándares “internacionales” inventados por sus expertos y tratando de culpar a PetroEcuador por los daños causados. Es por eso, que el Frente de Defensa de la Amazonia calificó a los primeros cuatro informes de Chevron Texaco entregados a la Corte a inicios del año, como “lleno de falsedades, carente de argumentos técnicos
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